MAGISTRADA DE VICTORIA YORO HONDURAS JURAMENTÓ JUECES.

La magistrada THELMA CONSUELO BURGOS LANDA juramentó uno de los jueces. 

La Presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lizette Ráquel Obando, en cumplimiento de lo ofrecido para atender los delitos  contra el medio ambiente, bienestar animal, urbanísticos y patrimonio cultural, autorizó en la últimas horas la juramentación de tres jueces para el Circuito Judicial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción quienes desempeñarán sus funciones en las sedes de La Ceiba, Atlántida, Juticalpa, Olancho y en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.  

Esta decisión hace referencia a lo establecido en el Acuerdo No. CSJ-3-2024, que modifica la competencia objetiva y territorial del Circuito Judicial en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, medida que responde a la urgente necesidad de abordar los delitos de tipo ambiental y otros delitos conexos que afectan al país.

Estará conociendo este tipo de delitos en Puerto Lempira el abogado Mario Alberto Flores Funez; en la ciudad de La Ceiba funcionalmente estará prestando este servicio el abogado David Alfredo Díaz Díaz como Juez de Letras del circuito con competencia territorial nacional en materia de criminalidad Organizada y Corrupción y, en Juticalpa, Olancho, conocerá estos delitos la abogada Noris Ofelia Bueso Torres.

Los órganos jurisdiccionales del circuito conocerán todas las etapas del proceso penal para los delitos mencionados, independientemente de si son cometidos por individuos o grupos delictivos organizados.

También cada órgano jurisdiccional tendrá competencia en todo el territorio nacional, con sedes principales en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, y posibilidad de establecer nuevas sedes según la necesidad.

El Poder Judicial refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción y reafirma su deber de garantizar una justicia pronta, efectiva y gratuita, en consonancia con los  estándares internacionales y los derechos fundamentales de la población, en continuo trabajo para adaptar sus estructuras y procesos a las necesidades actuales del país, asegurando la defensa del medio ambiente y la salud pública mediante una administración de justicia eficiente y equitativa.