Cortesía del diario La Tribuna./Enero 2026.
Por: Dr. Mario Noé Villafranca
Ojalá que no sea cierto. Ojalá que se trate de una mala interpretación o de un rumor sin sustento. Pero todo indica que el nuevo gobierno de la República, encabezado por el presidente Nasry Asfura, contempla la posibilidad de trasladar al sector privado, administrado por la banca, la atención quirúrgica de miles de pacientes que hoy conforman la mora quirúrgica del sistema público de salud.
¿Quién asesora al nuevo presidente?
No quiero creer que mi colega Designado Presidencial haya sufrido un giro de 180 grados en su visión de la Salud Pública; después de todo sigo siendo un convencido de que la piedra angular de la salud comunitaria es una enérgica secuencia de políticas públicas que fortalezcan la Atención Primaria en Salud.
Ahora bien...¿Tendrá alguna escueta idea la banca de que la salud de los que no pueden pagar atención médica privada trasciende los alcances de una columna roja y otra columna azul con valores numéricos de costos y márgenes de ganancia? Tengo mis dudas.
Ojalá que no, pero si esto se confirma, estaríamos frente a un grave error estratégico, financiero y ético. La mora quirúrgica no es un fenómeno reciente; es el resultado de décadas de mala gestión, corrupción administrativa y abandono institucional. Honduras no carece de hospitales, carece de una administración eficiente capaz de hacer funcionar los que ya existen.
Lo que ahora se pretende es convertir una deficiencia del Estado en una oportunidad de negocio para clínicas privadas y para la banca que las financia. Bajo el discurso de la urgencia y la eficiencia, se esconde una operación simple, transferir recursos públicos al sector privado, pagar honorarios privados con fondos del pueblo y someter la salud de los hondureños a la lógica del mercado.
No es solo un problema financiero, es un problema ideológico. El Estado estaría renunciando a su obligación histórica de garantizar la salud como derecho y la convertiría en un servicio tercerizado, regulado por contratos y tarifas, no por necesidades humanas.
No es ético.
No es correcto.
No es defendible desde ninguna perspectiva republicana.
La mora quirúrgica no se resuelve subcontratando cirugías, sino fortaleciendo el sistema nacional de salud. Se resuelve con gerencias profesionales, compras transparentes, mantenimiento de quirófanos, ampliación de horarios, incentivos al personal y auditorías reales. No con cheques en blanco a empresas privadas.
El pueblo todo de Honduras espera lo mejor de su nuevo presidente y exige, que al menos esta vez, no se vea la salud pública como el sitio en el que los grandes inversionistas de la política recuperan y multiplican exponencialmente su inversión.
Ojalá que no veamos utilidades a costas de la salud del pueblo hondureño.
Honduras posee una capacidad hospitalaria instalada considerable. Lo que ha tenido durante al menos cuatro gobiernos consecutivos es una pésima administración de esa capacidad; hospitales subutilizados, quirófanos cerrados, equipos dañados, procesos burocráticos absurdos y ausencia total de planificación estratégica. Ese es el verdadero problema, no la falta de clínicas privadas.
Externalizar cirugías es aceptar la derrota del Estado. Es reconocer que el gobierno es incapaz de gobernar su propio sistema de salud y decide delegarlo al mercado.
Y aquí la historia pesa. El liberalismo hondureño fue el gran constructor del sistema hospitalario nacional. Fue el liberalismo el que impulsó el Hospital Materno Infantil, el Mario Catarino Rivas, la Seguridad Social, el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y más recientemente, el último legado del liberalismo a Honduras, el Hospital de Especialidades Pediátricas María en Tegucigalpa. Estos hospitales no nacieron como negocios, sino como decisiones políticas con sentido social.
Por ello, hoy resulta imprescindible que la bancada del Partido Liberal, como principal fuerza de oposición, asuma su responsabilidad histórica. No se trata de bloquear por cálculo político, sino de defender un principio esencial, la salud pública no se privatiza ni se convierte en mercancía.
Exhorto respetuosamente a los diputados liberales a no aprobar ningún decreto que legalice este despropósito. A recordar que representan una tradición que concibió la salud como derecho y no como negocio. A entender que hoy no se discute un tema técnico, sino un modelo de país.
Ojalá que este decreto nunca sea presentado.
Ojalá que el nuevo gobierno recapacite.
Ojalá que comprenda que gobernar no es tercerizar, sino construir instituciones.
Porque cuando el Estado renuncia a curar, deja de ser Estado.
Y cuando la salud se vuelve negocio, la república se vuelve empresa.
Y ese no puede ser el futuro de Honduras.
Puedo entender lo hecho por mi bancada "en apoyo a la democracia", pero entregar el sistema sanitario público sería inconcebible y condenable; ni la comunidad sanitarista, ni la Centrales Obreras, ni los gremios, ni mucho menos el pueblo todo de Honduras lo vamos a permitir.
