El Estado de Honduras por la destitución de cuatro magistrados: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira quienes inetegraban la Sala Constitucional del Poder Judicial, ocurrida la separación el 12 de diciembre de 2012 en la madrugada por parte del Parlamento de Honduras dirigido en esa fecha por el ex presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagar a cada uno de los magistrados destituidos: USD$ 80.000 por indemnización, USD $400.000 por daño material, USD $25.000 por daño moral, USD $10.000 por gastos y USD $30.000 por costas.
El Estado de Honduras fue notificado el lunes uno de abril de 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la sentencia de culpabilidad, y tiene un año para la ejecución de dicho fallo.
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