El Congreso Nacional de Honduras recibió la semana anterior un anteproyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano que declara Estado de Emergencia Fiscal y Financiera en las finanzas públicas, con una vigencia máxima de 24 meses (dos años), y proceder al despido masivo de empleados públicos y reducir instituciones del Estado, actualmente más de 100, así como que los embargos judiciales por diversas causas no se apliquen a la Caja Única del Estado, sino que se dirijan a la Tesorería General de la República (TGR), para que haga las programaciones del pago de las mismas.
El Parlamento de Honduras primero aprobó decretos de emergencias en carreteras, salud y viene la ley Reactivación Económica y Desarrollo Humano.
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