Después de 27 años viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos, bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) más de 50 mil hondureños vuelven a partir del lunes 8 de septiembre del 2025 a la clandestinad y vulnerables a la deportación, luego que ese beneficio llega hoy a su fin, como parte de las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump.
Más de 50 mil hondureños quedan desprotegidos y con la orden de abandonar el territorio estadounidense.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los hondureños en Estados Unidos ha sido un salvavidas para miles de familias durante más de dos décadas.
Designado inicialmente en 1999 debido a los devastadores efectos del huracán Mitch, este programa ha permitido a aproximadamente 80 mil hondureños vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.
La administración actual de Estados Unidos ha justificado la terminación del TPS argumentando que las condiciones en Honduras han mejorado lo suficiente como para que los beneficiarios regresen sin riesgos inminentes. Esta decisión, anunciada meses atrás, ha generado un torbellino de emociones entre la diáspora hondureña, que ve en el fin del programa una amenaza directa a su estabilidad económica y familiar.
Desde su implementación, el TPS ha sido extendido múltiples veces por administraciones tanto demócratas como republicanas, reconociendo la persistencia de problemas como la violencia de pandillas, la pobreza extrema y desastres naturales recurrentes en Honduras. No obstante, la resolución de 2025 representa la primera terminación real, dejando a los beneficiarios en un limbo legal a partir de este lunes.
Los tepesianos hondureños tiene la orden de acogerse a otro programa migratorio o abandonar EE.UU. de inmediato, su suerte ahora está en manos del pronunciamiento de una Corte de Inmigración el 18 de noviembre que podría otorgar más tiempo, pero ya no se puede pronunciar sobre el programa ya que oficialmente está cancelado.
Economistas locales estiman que las remesas enviadas por los beneficiarios del TPS representan una porción significativa del PIB hondureño, y su interrupción podría desencadenar una crisis económica inmediata.
Analistas económicos proyectan que el retorno masivo podría aumentar el desempleo en Honduras en un 5% adicional, exacerbando la ya frágil economía post-pandemia y afectada por la inflación global.
De igual manera, expertos en migración advierten que la cancelación podría sobrecargar el sistema de deportaciones de EE.UU., con posibles retrasos en los procedimientos que extiendan la incertidumbre más allá de las fechas límites. Sin embargo, las autoridades migratorias insisten en que se aplicará la ley al pie de la letra.
El impacto psicológico en los beneficiarios es profundo, con reportes de ansiedad y depresión aumentando en clínicas comunitarias de la costa este.
Finalmente, el fin del TPS no es solo una fecha en el calendario; es el cierre de un capítulo que ha definido generaciones, urgiendo a acciones globales por la comunidad migrante.
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