En el marco de este proceso electoral, se ha dispuesto que tanto la ATIC como los fiscales se mantengan plenamente disponibles y coordinados con la Unidad Especial Contra Delitos Electorales (UECDE) para asegurar que las elecciones se desarrollen con total transparencia.
Este esfuerzo tiene como objetivo reforzar el trabajo de la UECDE en la recepción de denuncias y llevar a cabo investigaciones exhaustivas antes, durante y después del proceso electoral.
El Ministerio Público ha dejado en claro que procederá penalmente, sin excepciones, contra cualquier ciudadano o miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que intenten manipular la voluntad popular mediante actos ilegales como la compra de votos, la falsificación de documentos electorales, la alteración de resultados o el incumplimiento en el uso de herramientas tecnológicas como el sistema biométrico.
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