El Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, determinó establecer la medida cautelar de arresto domiciliario. No obstante el Ministerio Público presentará los recursos de apelación dentro del plazo establecido por la ley, en virtud que la normativa procesal en este tipo de delitos no permite una medida distinta a la prisión preventiva.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Isy Obed Murillo Mencías perdió la vida tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza, mientras que el ciudadano Alex Roberto Zavala Licona sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas. Ambos ciudadanos permanecían en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales.
Para el Ministerio Público, las actuaciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente. Dichas acciones, que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas bajo órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales.
La acusación establece que los altos mandos del Estado Mayor Conjunto, responsables directos de comandar y planificar el operativo, no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades. Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida.
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