Cancilleres se comprometen a "defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, a rechazar su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio, y a protegerlas prioritariamente de la delincuencia transnacional organizada que se lucra de la migración, así como de medidas que las coloquen en situación de vulnerabilidad y de otros factores de riesgo. Intensificaremos la cooperación intergubernamental y el intercambio de información y buenas prácticas en materia consular, y lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas migrantes".
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