El jurista Joaquín A. Mejía Rivera publicó el martes 24 de marzo del 2026 en su cuenta de Facebook un análisis del juicio político contra el Fiscal General que concluye que Honduras podría ser demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la separación del Fiscal General JOHEL ANTONIO ZELAYA ÁLVAREZ.
"El Congreso Nacional ha activado el juicio político contra el fiscal general sin reformar previamente esa figura para adecuarla a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Navas Vs. Honduras y otras sentencias importantes.
Esto implica que el Congreso Nacional estaría violentando el artículo 15 de la Constitución de la República, que establece que las sentencias internacionales son de cumplimiento obligatorio para Honduras, y abre la puerta a una nueva demanda y posible condena internacional.
Para rematar, varias personas diputadas y ciertas organizaciones de "sociedad civil" han salido a los medios de comunicación adelantando el resultado del juicio político, dejando claro que el proceso ya tiene veredicto antes de analizar pruebas o escuchar a la defensa.
Esas declaraciones evidencian la falta de imparcialidad del procedimiento y le dan al fiscal material probatorio para demostrar la naturaleza partidista del proceso en cualquier instancia nacional o internacional, justo lo que la Corte IDH sancionó en Gutiérrez Navas Vs. Honduras.
Es previsible que el fiscal presentará una denuncia internacional con la posibilidad de que el Estado de Honduras vuelva a ser condenado. Las indemnizaciones no las pagarán las personas diputadas que hoy abusan del juicio político, sino el pueblo hondureño con nuestros impuestos.
Lo más irónico es que en este Congreso hay personas diputadas impunes responsables de decisiones que ya han provocado o pueden provocar demandas millonarias contra el Estado, como las ZEDE o la destitución arbitraria de los magistrados de la Sala de lo constitucional en 2012, así como quienes generaron graves crisis como la reelección ilegal y casos de corrupción de alto impacto.
La narrativa oficial es que el juicio político es para fortalecer la institucionalidad, pero usar esta figura sin adecuarla a los estándares interamericanos profundiza el deterioro institucional y lo más probable es que el objetivo será elegir a un activista del partido nacional.
Si realmente quisieran fortalecer la institucionalidad, lo primero que harían es cumplir con el artículo 15 constitucional y reformar la figura del juicio político cumpliendo con la sentencia Gutiérrez Navas y otras sentencias de la Corte Interamericana para evitar una posible demanda internacional contra el Estado.
Y si destituyeran legalmente al fiscal general, lo segundo sería elegir a la abogada Jenny Gabriela Almendares Flores, la mejor evaluada en el proceso de selección con una nota de 95.55%, de reconocida trayectoria y sin señalamientos de corrupción ni de vínculos con el poder.
Veremos cuántas personas diputadas, que se llenan la boca hablando de “fortalecer el Ministerio Público”, votan por la abogada Almendares, cuya independencia garantiza que no le temblará el pulso para investigar a los corruptos sin importar el partido político al que pertenecen".
*Joaquín A. Mejía Rivera, abogado litigante ante la Corte Interamericana desde 2002, perito internacional en independencia judicial y debido proceso, y doctor en Derechos Humanos por las universidades Carlos III de Madrid y de Valencia.
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